Los invito a leer la columna editorial, aparecida en la edición de El Mercurio, del día de hoy:

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 La Presidenta firmó el proyecto de ley que modifica la institucionalidad a cargo de la educación estatal. Éste propone crear corporaciones de derecho público, de giro único, encargadas de administrar todos o algunos de los establecimientos actualmente encomendados a los municipios. Cada una de las nuevas organizaciones reunirá a los menos 15 mil estudiantes. Así, en varios casos absorberá los establecimientos de varias comunas. Los alcaldes se integrarían al consejo directivo -el órgano superior- de las corporaciones. La gestión estaría en manos de un director ejecutivo, nombrado a través de la Alta Dirección Pública. A ese consejo se incorporarían dos representantes del Ministerio de Educación. Éstos no serían funcionarios públicos, pero se rompe el concepto de una educación estatal descentralizada, lo cual preocupa, porque es necesaria una separación clara entre las labores estatales. El Estado central no debe gestionar directa o indirectamente establecimientos educativos, porque se diluyen completamente las responsabilidades por los resultados. Por eso, también es cuestionable la creación del Servicio Nacional de Apoyo Técnico (pedagógico y en gestión) a los distintos establecimientos. Esta labor, dependiendo del tipo de colegio, debe recaer en cada uno de los establecimientos y en las corporaciones.

Este proyecto confirma el comportamiento errático del Gobierno en esta materia. Este año se destinaron 53 mil millones de pesos para mejorar la gestión educacional de los municipios, y el presupuesto recién aprobado contempla un monto similar. Esto indica que no hay un modelo coherente para enfrentar los problemas educacionales del país, y que el nuevo proyecto responde más bien a presiones de algunos sectores de la Concertación para hacer más “soportable” el acuerdo en educación del año pasado -que aún no logra aprobarse en el Congreso.

Además, al no permitir que municipios de buen desempeño puedan seguir desarrollando normalmente su labor, el proyecto hace que se pierdan todos los esfuerzos hasta ahora desarrollados. Hay, también, una serie de problemas prácticos no respondidos. Los establecimientos pertenecen a los municipios y serán, en la práctica, expropiados por el Estado (cabe preguntarse si corresponde alguna indemnización). Tampoco es claro qué sucederá con los actuales departamentos de administración de la educación municipal. Ellos no se necesitarán, y una solución de continuidad para ese personal es inadecuada.

El proyecto contempla, además, un financiamiento especial para estas corporaciones que va más allá de las subvenciones por estudiante habitual y preferencial. Esto es grave, porque significa discriminar entre familias, con fondos públicos, en función de la naturaleza jurídica de la institución a la que envíen a sus hijos. Esta violación a la igualdad de trato no es justificable. Las únicas diferencias de tratamiento razonables son aquellas vinculadas a la condición social de los estudiantes y a su lugar de residencia. Son las familias -y no las autoridades de Gobierno- las que eligen un establecimiento u otro.

Alarma, en fin, que el proyecto no intente enfrentar los problemas que el Estatuto Docente está causando a la educación chilena. Los déficits que éste provoca a los municipios se trasladarán a las nuevas instituciones. Respetando la carrera profesional de los docentes, se requieren reformas que faciliten a los establecimientos estatales organizar sus equipos pedagógicos con profesionalismo y que, simultáneamente, tengan más libertad para definir las condiciones salariales de sus profesores. Los directores no pueden seguir con las manos atadas, como hoy. Si se insiste en esto, no podrán ejercer su liderazgo y sentirán que no les corresponde hacerse responsables de los desempeños de sus establecimientos. En suma, este proyecto parece significar más retrocesos que avances en el logro de una educación de calidad.